lunes, 22 de diciembre de 2008

EL CAPRICHO DE LA MADRE POR ENCIMA DEL DERECHO DEL HIJO



La Comisión Nacional de Reproducción Asistida aprueba que una lesbiana transfiera su óvulo al útero de su pareja para que ambas sientan ser su madre
La Comisión Nacional de Reproducción Asistida ha aprobado que una mujer lesbiana transfiera su óvulo fecundado al útero su pareja para que ambas puedan intervenir en el proceso de reproducción de su hijo.

Dicho proceso supone un riesgo de muerte para el hijo (riesgo de aborto), no requerido por una situación de infertilidad, sino únicamente por el deseo de una mujer de sentirse más madre y más vinculada a su pareja.

De esta manera, este órgano consultivo del Ministerio de Sanidad español antepone los deseos de la madre y su pareja a los derechos del hijo que va a nacer, que se convierte así en un medio, en lugar de en un fin.

Se trata, según algunos analistas, de un juego insólito donde solamente interviene el deseo y donde no existe la necesidad, un juego que sacrifica los derechos del que ha de nacer por el deseo de sus caprichosas madres.

Discriminación para equiparar derechos

La aprobación de la donación de óvulos fecundados entre lesbianas por parte de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida pretende equiparar los derechos de las lesbianas a los de los matrimonios, ya que las donaciones deben ser anónimas, excepto las del esperma del marido.

Como en casos de adopciones de menores por parte de parejas homosexuales, la búsqueda de la igualdad puede acabar convirtiéndose en una discriminación a favor de las personas homosexuales, que acaban gozando de nuevos privilegios.

El caso concreto sobre el que la Comisión se ha pronunciado, a través de un informe del pasado 4 de diciembre, se refiere a un "matrimonio" de mujeres que solicitó a un centro de reproducción asistida que una de ellas pudiera ceder un óvulo fecundado al útero de la otra, petición que les fue denegada entonces porque la ley de reproducción asistida establece que las donaciones sean anónimas.

Ahora la Comisión -formada por 29 médicos, científicos, juristas y otros expertos- no ve impedimentos a su petición. De todas maneras, su decisión no es vinculante, aunque puede tener cierto peso. Las comunidades autónomas son las que tienen autoridad para autorizar o no este proceso de fecundación.